El autor hace una prolija exposición del régimen fiscal de este sector en la modalidad del impuesto sobre la renta del llamado régimen simplificado y con tal profundidad que es indispensable presentarlo en dos números, para que de este estudio no se pierda su utilidad e integridad para este tipo de empresas del sector primario.

Aunque en términos generales siempre que existe la relación de una persona física que presta a otra sus servicios por el pago de una cantidad, se presume la relación de trabajo y por ende, nace el derecho de los trabajadores al pago de la participación de las utilidades. No obstante, el autor, abogado laboralista, proporciona a nuestros lectores los casos de excepción previstos en la ley, para aquellas empresas que sólo están compuestas por familiares, las que inician sus actividades, las que emplean trabajadores pero que obtienen sus ingresos de la prestación de servicios y en general, aquellas circunstancias por las cuales no se está obligado el pago de la participación de utilidades o está debe pagarse con un límite máximo a cargo del patrón.

El análisis que nos presenta nuestra especialista tiene el mérito de exponer para nuestros lectores una clara presentación de las características, obligaciones de pago y formales a las que deben atenerse por sus ingresos las pequeñas y medianas empresas, aludiendo a una orientación general sobre los efectos de las descentración administrativa del control de estos contribuyentes en las entidades federativas.

Se ha sostenido en muchos casos que en el arrendamiento los bienes arrendados las cosas dadas en uso son mercancías, pero este criterio oficial analizado por nuestro señala lo contrario. 

En materia de impuesto sobre la renta prácticamente no hay disposiciones especiales en el régimen general para la PYMES Un, por ello el autor analiza este complejo régimen centralizando su trabajo en recomendaciones para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales.

En apariencia la prestación que recibe un trabajador por las aportaciones patronales al fondo de ahorro han sido muy estudiadas, pero aquí la autora nos muestra un camino de interpretación diferente, que nos puede dejar nuevo conocimiento de este renglón de ingresos de los trabajadores.

Nunca se acaban estos temas como el que expone nuetro autor, al presentar un nuevo punto de vista sobre el régimen fiscal de las asociaciones religiosas.

Son diversas las interpretaciones que se ha dado a esta reforma al artículo 5 A de la Ley del Impuesto al Activo; la redacción legal admite diversas interpretaciones que la autora analiza y demuestra para avalar su opinión al respecto.

El reconocimiento de la validez oficial de estudios es materia de la opinión que nos presenta nuestro autor respecto de este criterio del SAT que liga las reglas de para las entidades de enseñanza con la calidad de personas morales no lucrativos.

La proporción del subsidio puede representar para las personas que tienen bajos ingresos por su trabajo, un renglón muy importante, pues significa la no percepción de una cantidad adicional, por ello nuestro autor analiza este criterio oficial que se refiere a la calificación de esta reducción cuando se trate de pagos de ingresos asimilables a salarios.

Nuestro autor confronta la competencia de los jefes de las oficinas de cobro del IMSS respecto de la emisión de credenciales y pone al descubierto esta práctica para que los lectores tengan una orientación efectiva en su defensa.

El autor presenta un breve concepto y análisis de los que deben ser considerados como auxiliares de la fiscalización.

Los contratos de obra y servicios al gobierno, limitados para contribuyentes que no han cumplido cabalmente con sus obligaciones fiscales es tema que nuestro autor analiza y critica con especial celo para beneficio de sus lectores.

Nuestra especialista hace una interesante presentación que expone los plazos que se computan en las clausuras por la no expedición de comprobantes en las que incurren los contribuyentes que atienden al público en general.

Las normas de actuación profesional determinan que la principal  responsabilidad del contador público que dictamina estados financieros es con los accionistas. Esta circunstancia es reconocida por la legislación fiscal y nuestro autor nos hace un especial análisis de los alcances de esta disposición fiscal.