Desde los orígenes de las cuestiones relativas a Derecho Mercantil, su característica ha sido la tendencia a la uniformidad jurídica. Una rama del Derecho destinada a regular el tráfico empresarial y relaciones que traspasan las fronteras políticas debe, por lógica, buscar la homogeneidad de sus normas e instituciones. Los problemas empiezan a surgir a raíz de la diversidad legislativa que existe entre las naciones. Dado que en el tráfico del comercio internacional encuentra dificultad en su desarrollo debido a la inestabilidad existente en su regulación, intentar sujetar el tráfico económico internacional a un Derecho nacional no sólo carece de lógica, sino que provoca una inseguridad jurídica incompatible con el propio tráfico que, en consecuencia, reclama normas propias de carácter internacional.

Vamos a analizar los ingresos que obtiene un residente en el extranjero por otorgar el uso o goce temporal de bienes muebles, donde la fuente de riqueza está en territorio nacional. Este tipo de ingresos está regulado en el Artículo 188 del Título V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), por lo que analizaremos los aspectos fiscales que implica la obtención de estos ingresos.

Antes de comenzar con el tema, se debe partir del origen de los dividendos para arribar a sus repercusiones en materia de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), y su impacto en la determinación de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). Las inversiones en títulos accionarios generan derechos y obligaciones para los socios, esto es, una persona propietaria de acciones de otra sociedad con residencia en el extranjero tendrá aquellos beneficios que fijen los estatutos del contrato social de la compañía emisora (derecho patrimonial), así como la intervención o participación en la toma de decisiones de la administración (derecho corporativo), que de igual manera se disponga, generándose compromisos para los socios, entre los que destacan los de índole tributaria, dado que repercuten en la determinación del resultado fiscal para los socios, ya sean personas físicas o personas morales, así como el acreditamiento del ISR pagado en el extranjero por su participación directa o indirecta.

Todo medio de defensa tiene por objeto rebatir los actos o resoluciones dictadas por autoridades, cuando éstos ocasionen perjuicio al contribuyente. Esto puede suceder por diferentes razones: 1) dudas sobre cuál sea la norma aplicable al caso; 2) problemas de interpretación; 3) problemas de prueba, y 4) problemas de clasificación. En resumen, los medios de defensa buscan la nulidad de las actuaciones de las autoridades que se separan de los ordenamientos fiscales. Por otra parte, las autoridades, por el contrario, buscan la recaudación para que el Estado pueda sufragar sus gastos públicos, cuando demuestran que los contribuyentes no cumplan con susobligaciones fiscales. Así que el propósito de este artículo es proporcionar al lector herramientas que le permitan plasmar razonamientos lógicos1 en sus medios de defensa, valiéndose para ello de la argumentación jurídica.

Las facultades de las autoridades fiscales para comprobar que los gobernados han cumplido con las disposiciones fiscales son de diferentes clases. La revisión de gabinete tiene formalidades distintas que las visitas domiciliarias. Al parecer las primeras son frecuentemente utilizadas por las autoridades hoy en día, considero por economía, sobre todo en materia de precios de transferencia, como se demostrará en el presente artículo.  Por tanto, no necesariamente deben cumplir con los requisitos de visitas domiciliarias, puesto que en las revisiones de gabinete las garantías individuales de privacidad e inviolabilidad del domicilio no están en riesgo. El objetivo de este estudio en esta primera parte, será analizar las formalidades que deben guardar las autoridades en el ejercicio de sus actos de fiscalización cuando son por medio de revisiones de gabinete. Y en un segunda parte, hablaremos sobre los medios de defensa.

 Como recordaremos, el Artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) nos señala que se encuentran obligadas al pago del ISR las personas físicas y morales siguientes:
1. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de riqueza de donde procedan.
2. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.
3. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o, cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.

Los tratados para evitar la doble imposición regulan la potestad tributaria entre el país de la fuente y el de la residencia de los inversionistas o de las personas que presentan sus servicios en aquel país.

En esta ocasión se analiza el contenido del Artículo 187 de la LISR referente a los ingresos obtenidos por residentes en el extranjero, con fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, derivados de un contrato de servicio turístico de tiempo compartido. Para ello haremos mención de algunas características de este servicio: el tiempo compartido es una modalidad de servicio turístico que se encuentra en rápido crecimiento a nivel mundial, y que consiste en el derecho de adquirir, usar, gozar, disfrutar de una unidad residencial vacacional, de los bienes muebles que en ella se encuentren y de las instalaciones, áreas y servicios comunes, limitando el ejercicio de este derecho a un número determinado de días al año, por un período determinado de años.

El comercio internacional tiene como organismo rector a la Organización Mundial de Comercio (OMC), organización que se encarga de las normas globales que rigen el comercio entre los países; la principal función del sistema multilateral de comercio es garantizar que los flujos comerciales circulen con fluidez, previsibilidad y libertad.

El día 27 de mayo se publicó la Resolución Miscelánea para 2008, la cuál sufrió importantes modificaciones en su estructura. Siendo ahora un documento dividido en dos libros. Tanto en el libro primero como en el segundo encontramos reglas útiles para el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de pagos al extranjero y precios de transferencia.

El ejecutivo Federal envió, el 7 de abril de 2008, al Senado de la República, la “Iniciativa para Fortalecer a Petróleos Mexicanos”, cuyo propósito fundamental es permitir la participación de agentes económicos privados en actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, productos del petróleo y petroquímicos básicos, así como en la refinación de los hidrocarburos.

En el presente artículo se analiza el contenido del Artículo 186 de la LISR, referente a los ingresos obtenidos por residentes en el extranjero, con fuente de riqueza ubicada en territorio nacional por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Se abordan las disposiciones generales del Título V de la Ley en mención, así como las específicas del uso o goce temporal de bienes inmuebles con auxilio de la Ley que regula la materia, el Código Civil Federal.

El presente artículo hace mención de las obligaciones en materia de precios de transferencia en la LISR; así mismo, se presenta un cuestionario guía para conocer la situación de las obligaciones fiscales en dicha materia y en caso de falta de alguna de ellas, las posibles repercusiones tanto en la LIETU como en los tratados internacionales.

En este artículo se analiza el contenido del artículo 182 de la LISR referente a los ingresos obtenidos por residentes en el extranjero con fuente de riqueza ubicada en territorio nacional por concepto de pensiones, jubilaciones, haberes de retiro, pensiones vitalicias y otras formas de retiro. Además se hace una breve referencia a las disposiciones contenidas en los Convenios para evitar la doble imposición para el caso de pensiones.

El presente artículo pretende mostrar la obligación y la responsabilidad solidaria que tienen los empleadores al contratar a personas físicas provenientes del extranjero, las cuales en la mayoría de los casos son impuestas por la casa matriz ubicada en el extranjero.