El pasado 31 de octubre ambas Cámaras dictaminaron el proyecto de reforma fiscal para 2010, quedando pendiente sólo el plazo de diez días que los incisos A y B del artículo 72 Constitucionales confieren al Poder Ejecutivo para realizar observaciones.

En el presente trabajo se sostiene que el artículo 153 de la Ley Aduanera es inconstitucional, al estar redactado en contra del principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no establecer un plazo legal para la integración del expediente dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera.

En las entregas anteriores (primera y segunda parte, publicadas en el número 480 de Consultorio Fiscal), comentamos que la notificación en materia fiscal tiene como función básica y fundamental hacer del conocimiento del contribuyente (o responsable solidario o tercero con él relacionado) una situación o circunstancia de carácter fiscal que deberá afrontar con la autoridad.

Se dice que México es un Estado de Derecho porque tanto las autoridades como los ciudadanos deben obedecer y responder igualmente ante la Ley, y en virtud de ello, ésta es el único estandarte legítimo a seguir en la dinámica y convivencia social cotidiana. Sin embargo, esto es una afirmación laxa y carente de eficacia pues el mero hecho de que existan leyes no garantiza que su contenido sea acorde a los principios constitucionales como, por ejemplo, el debido respeto de las autoridades a los derechos fundamentales de las personas e individuos, entre otros. Por eso, es muy distinto un Estado legislativo de Derecho que un Estado constitucional de Derecho.

En nuestro número anterior de Consultorio Fiscal se publicó la primera parte del presente estudio, conteniendo los tres primeros puntos analizados (antecedentes, elementos del impuesto y potestad tributaria), mismos a los que damos ahora continuidad para presentar a usted, estimado lector, los últimos tres puntos que completan el artículo en su totalidad.

En el año 1948 entró en vigor la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la cual regula la autorización, operación, vigilancia y control de los juegos en los que medien apuestas de cualquier clase, así como de los sorteos; y, con fecha 17 de septiembre de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento de dicha Ley, en donde se regulan diversos juegos, tales como los que se llevan a cabo en centros de apuestas remotas y los sorteos de números. Estas modalidades de juegos y sorteos son el resultado de los adelantos tecnológicos en materia electrónica y de telecomunicaciones, lo cual ha generado un gran impulso a esta industria.

El juicio de amparo es el único medio por el cual se puede solicitar la declaración de inconstitucionalidad de una ley, reglamento, tratado internacional, y conocen del mismo los Tribunales de la Federación, de acuerdo a lo que disponen los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y el artículo 114, fracción I, de la conocida como Ley de Amparo, tribunales que en forma directa protegen la integridad de la Carta Magna.

El presente artículo se divide en tres partes para su desarrollo, de las cuales las dos primeras serán expuestas a continuación, mientras que la tercera y última se incluirá en nuestro siguiente número de Consultorio Fiscal.

En el Derecho en general, y con propósitos de aplicación por las partes involucradas en su esfera muy particular, la interpretación del sentido y alcance de una norma jurídica es una tarea bastante cotidiana, permanente y a veces compleja.

Tesis aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión del 28 de enero de 2009.

La actualización a que se refiere el Artículo17-A del Código Tributario, se calcula en función de unos factores que resultan de aplicar los índices nacionales de precios al consumidor que determina el Banco de México, según lo dispone el segundo párrafo del numeral 20 y 20-bis del mismo ordenamiento, factores que para su integración, violan los principios rectores de legalidad, seguridad y certidumbre jurídica, estricto derecho y transparencia fiscal, por lo siguiente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 31, fracción IV, prevé que la obligación de contribuir para los gastos públicos debe ser de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De esta manera, las autoridades fiscales tienen como obligación el respeto absoluto al texto constitucional y por otro lado, la facultad o atribución que les confieren las leyes para recaudar, administrar y aplicar los impuestos.

Un gran número de estudiosos del Derecho Financiero y Tributario, y doctrinistas de las finanzas públicas han afirmado que los tributos en general y los impuestos en particular, pueden ser utilizados para incentivar, deprimir u obstaculizar el crecimiento económico de un país, una región o una localidad municipal.

Después de una suspensión de labores en todo el país, el pasado 6 de mayo de este año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación (CFF) y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria (LSAT), el cual fue propuesto desde septiembre de 008 y concretado en este año, cuya sustancia es cambios al Recurso de Revocación a fin de hacerlo más atractivo, dando oportunidad de un periodo probatorio al contribuyente y flexibilidad a los servidores públicos para resolver con mayor “libertad” dicha instancia.

El pasado 10 de marzo de 2009, diputados federales de varias fracciones parlamentarias como el PRI, PAN y PRD (representantes de la sociedad), presentaron la “Iniciativa de ley que adiciona una fracción VII bis, al Artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.1 El 26 de marzo de 2009, en sesión plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, fue aprobado el dictamen, por unanimidad de votos de los presentes. 2 Asimismo, la iniciativa fue enviada al pleno de la Cámara de Diputadosy el 31 de marzo fue aprobada por el voto de 335 diputados a favor y uno en contra. De esta manera y siguiendo el proceso legislativo, la iniciativa pasó a la Cámara de Senadores para su respectiva votación.