Cuando lo patrones incumplen con la obligación sustantiva de enterar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) las aportaciones a que están obligados, éste en uso de sus facultades que le confieren los Artículos 30 fracción III de la Ley del al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 3 fracción XVI del Reglamento Interior de dicho Instituto en materia de facultades como organismo fiscal autónomo, incoa en su contra el procedimiento de ejecución, para hacer efectivo los créditos fiscales vía embargo administrativo.

Según datos proporcionados por el Poder Judicial de la Federación se promovieron aproximadamente 16,000 amparos en contra de la reforma que tuvo la Ley de Impuesto al Activo (vigente hasta el 31 de diciembre del 2007). Recordemos que, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 27 de diciembre de 2006, se reformaron, entre otros, los Artículos 2º, primer párrafo; 5º-A, primer párrafo; 5º-B; 9º, último párrafo; 13, fracciones I, segundo párrafo y V, y 13-A, fracciones I y III, primer párrafo; y se derogaron los Artículos 5º; 12-A; 12-B y 13, fracción I, último párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo.

El fenómeno de la evasión fiscal, como ya se ha comentado en otras colaboraciones de quienes aquí escriben, así como de las diversas opiniones que respecto del tema se han expresado, es una práctica que tiene que ver con múltiples realidades y manifestaciones tanto de las normas fiscales como de los sujetos de la relación jurídicotributaria.

En otra colaboración acerca del tema de la evasión fiscal, señalábamos que según los estudiosos del tema, son causas de la misma, entre otras, las siguientes seis: 1).- Leyes y procedimientos complicados en el cumplimiento, 2).- Altas tasas impositivas, 3).- Manifestaciones ostentosas de riqueza por parte de funcionarios gubernamentales, 4).- Falta  de contraprestación visible de los impuestos, 5).- Ignorancia de los fines de los impuestos,  y 6).- Falta de una “cultura fiscal”.

El presente artículo representa la parte complementaria de una primera (del mismo nombre), incluida en el número 461 de Consultorio Fiscal, correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2008.

En el presente trabajo analizamos la importancia de la jurisprudencia en el derecho administrativo mexicano, desde la definición del concepto y sus antecedentes históricos, pues aunque tiene su origen en Roma, el derecho jurisprudencial mexicano no nace ahí, sino en la historia y las costumbres del derecho norteamericano e inglés, aunque ahora con características propias. Además, hablamos de la jurisprudencia como una fuente formal del derecho. Asimismo, decimos qué órganos  integran el Poder Judicial de la Federación y cuáles emiten jurisprudencia en materia administrativa.

En esta ocasión estimados amigos de nuestra querida revista Consultorio Fiscal, deseamos compartir con ustedes la serie de actos de molestia que el SAT ha estado ejecutando constantemente en perjuicio de los contribuyentes. Nos referimos específicamente al denominado congelamiento de las cuentas bancarias de dichos contribuyentes.

En relación a la utilización cada vez más general y amplia de herramientas vía medios electrónicos en materia fiscal federal, en meses recientes han aparecido notas que lo destacan.

El día 1 de julio mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se emitieron reformas en materia del Código Fiscal de la Federación (CFF) y de la Ley de Instituciones de Crédito.

El día primero de julio del 2008, inició el regateo, oferta y demanda de “los amparos”, contra el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (en adelante IDE) otrora llamado Impuesto contra la informalidad. Pero, debemos preguntarnos si: ¿realmente este impuesto, es o no constitucional? De aquí, el objetivo del presente artículo es la de analizar exclusivamente a la luz del principio o presunción de inocencia, recientemente plasmado en nuestra Carta Magna, el IDE, dejando a un lado los clásicos conceptos de proporcionalidad y equidad al que se dedicarán otros análisis.

La condonación de las multas impuestas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es uno de esos casos que prácticamente se descarta por la mayor parte de los contribuyentes o consultores, ya sea por desconocimiento o por la creencia de que la autoridad se encuentra lejos de emitir alguna resolución positiva a tal pretensión. En este artículo comentamos lo referente a la condonación de multas, mencionando, además, las bases legales de dicha condonación.

Uno de los problemas más añejos a que se han enfrentado, enfrentan y sufren todos los fiscos en el mundo es la evasión fiscal; este fenómeno conlleva una serie de actividades que efectúan y otras que dejan de realizar los integrantes de la relación jurídico-tributaria, es decir, la autoridad fiscal y los contribuyentes; por lo que significa e implica el problema de la evasión fiscal, el presente trabajo lo aborda, aunque sea de manera no muy profunda toda vez que el tema, sin ninguna duda, supone mucha más reflexión.

En estos tiempos de repartir utilidades a los trabajadores consideramos conveniente anotar una compilación de criterios judiciales que tienen relación con dicho tema; como lo son las tesis que declaran la inconstitucionalidad de los artículos 16 y 17 de la LISR, por apartarse de la idea original contenida en el Artículo 123 constitucional; así como lo que atañe a la base de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y su deducción.

El presente artículo hace mención de las nuevas facultades que surgieron con motivo de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 7 de mayo del presente año. Al respecto, cabe recordar que antes de la entrada de esta Reforma, cualquier adecuación ulterior al presupuesto de egresos tenía que ser examinada y aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores; pero con la incorporación discrecional a la fracción IV del Artículo 74 es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

La presente colaboración se ocupa del análisis de algunos de los preceptos que en el Código Fiscal de la Federación (CFF), establecen normas a seguir en el legal cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia federal con respecto a la utilización de herramientas tecnológicas en la administración tributaria en nuestro país.