El presente artículo aborda el tema de los ingresos por intereses que obtienen los residentes en el extranjero cuando la fuente de riqueza se ubica en territorio nacional. Para tal efecto, se analizarán los ingresos por intereses que contempla el Título V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), las tasas de retención aplicables, tanto en la Ley como en los Tratados para evitar la doble tributación celebrados por México, así como reglas particulares que deben cumplir las personas morales que realicen los pagos, para que proceda su deducción, se evite darles el tratamiento fiscal de dividendos y puedan aplicar los beneficios contenidos en los Tratados.

El concepto “residencia fiscal” es un concepto de primera importancia en el ámbito fiscal, no sólo para México sino a nivel internacional. Sin embargo, lo que se debe entender por este concepto no es lo mismo en todos los países.

 Los sistemas vigentes en todo el mundo, que hacen efectiva la política económica, son tan variados como las naciones que los desarrollan, por lo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en un intento por resolver los conflictos de la doble tributación internacional y la evasión fiscal, decretó que los grandes grupos multinacionales deben ser vistos en cada una de sus partes como empresas separadas.

El pasado 26 de marzo, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, atendiendo a sus facultades otorgadas por el constituyente, expidió el anunciado Decreto de Repatriación de Capitales, con el que se espera promover la pronta repatriación de capitales mexicanos que hubieran permanecido en el exterior antes del 1 de enero de 2009. Este decreto estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2009, así como la resolución que establece reglas de aplicación, publicadas el 17 de abril de 2009, y la primera modificación a dichas reglas, mismas que se publicaron el 26 de junio de 2009.

El 12 de junio se actualizó el anteproyecto de primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2009 que se encuentra disponible en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En dicho anteproyecto se da a conocer la nueva regla II.2.8.11 relativa al Dictamen del contador público y en esta regla se contienen los resultados de las negociaciones promovidas por los colegios y asociaciones que agrupan a los contadores públicos que dictaminan para efectos fiscales con las autoridades fiscales,

 El presente material representa la segunda parte que complementa el análisis sobre el SIPRED y sus Anexos 34 y 34.1, incluido en el número 474 de Consultorio Fiscal con relación a los precios de transferencia, luego de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Anexo 16 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2008-2009, conteniendo un instructivo de integración y formato guía para la presentación electrónica del Dictamen de Estados Financieros para el ejercicio fiscal de 2008.

El pasado 20 de febrero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Anexo 16 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2008-2009, el cual contiene el instructivo de integración y formato guía para la presentación electrónica del Dictamen de Estados Financieros para el ejercicio fiscal de 2008, y cuyo software aún no ha sido dado a conocer por el SAT a través su página en Internet.

El pasado 26 de marzo el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, atendiendo a sus facultades otorgadas por el constituyente, expidió el anunciado Decreto de Repatriación de Capitales, con el que se espera promover la pronta repatriación de capitales mexicanos que hubieran permanecido en el exterior antes del 1 de enero de 2009, este decreto estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2009.

La mayoría de las leyes del trabajo incluye en su articulado disposiciones en las que se sustenta el principio de duración indeterminada de la relación de trabajo, suspendida únicamente por motivos excepcionales. La estabilidad en el empleo es uno de los derechos fundamentales de la relación de trabajo, ya sea que se trate del periodo limitado, para obra determinada o por tiempo ilimitado.

En el presente artículo se aborda el contenido del Artículo 189 de la LISR referente a los ingresos obtenidos por residentes en el extranjero con fuente de riqueza ubicada en territorio nacional por enajenar bienes inmuebles, contemplando las disposiciones generales del Título V, así como las disposiciones específicas sobre bienes inmuebles.

recios de transferencia y pagos al extranjero Resumen:El Título Quinto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) es el ordenamiento que regula el tratamiento fiscal para la obtención de ingresos por residentes en el extranjero con fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Uno de estos ingresos son aquéllos que perciben ciudadanos extranjeros por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles en territorio nacional. El desarrollo de presente trabajo se centrará en analizar el marco fiscal atribuible a quienes obtienen este tipo de ingresos. Analizaremos el concepto de uso o goce temporal de bienes inmuebles que contempla el Código Civil Federal, así como las disposiciones que establece el Artículo 186 de la LISR que regula en forma específica el tema que nos ocupa, sin dejar de contemplar las implicaciones fiscales con el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Desde los orígenes de las cuestiones relativas a Derecho Mercantil, su característica ha sido la tendencia a la uniformidad jurídica. Una rama del Derecho destinada a regular el tráfico empresarial y relaciones que traspasan las fronteras políticas debe, por lógica, buscar la homogeneidad de sus normas e instituciones. Los problemas empiezan a surgir a raíz de la diversidad legislativa que existe entre las naciones. Dado que en el tráfico del comercio internacional encuentra dificultad en su desarrollo debido a la inestabilidad existente en su regulación, intentar sujetar el tráfico económico internacional a un Derecho nacional no sólo carece de lógica, sino que provoca una inseguridad jurídica incompatible con el propio tráfico que, en consecuencia, reclama normas propias de carácter internacional.

Vamos a analizar los ingresos que obtiene un residente en el extranjero por otorgar el uso o goce temporal de bienes muebles, donde la fuente de riqueza está en territorio nacional. Este tipo de ingresos está regulado en el Artículo 188 del Título V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), por lo que analizaremos los aspectos fiscales que implica la obtención de estos ingresos.

Antes de comenzar con el tema, se debe partir del origen de los dividendos para arribar a sus repercusiones en materia de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), y su impacto en la determinación de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). Las inversiones en títulos accionarios generan derechos y obligaciones para los socios, esto es, una persona propietaria de acciones de otra sociedad con residencia en el extranjero tendrá aquellos beneficios que fijen los estatutos del contrato social de la compañía emisora (derecho patrimonial), así como la intervención o participación en la toma de decisiones de la administración (derecho corporativo), que de igual manera se disponga, generándose compromisos para los socios, entre los que destacan los de índole tributaria, dado que repercuten en la determinación del resultado fiscal para los socios, ya sean personas físicas o personas morales, así como el acreditamiento del ISR pagado en el extranjero por su participación directa o indirecta.

Todo medio de defensa tiene por objeto rebatir los actos o resoluciones dictadas por autoridades, cuando éstos ocasionen perjuicio al contribuyente. Esto puede suceder por diferentes razones: 1) dudas sobre cuál sea la norma aplicable al caso; 2) problemas de interpretación; 3) problemas de prueba, y 4) problemas de clasificación. En resumen, los medios de defensa buscan la nulidad de las actuaciones de las autoridades que se separan de los ordenamientos fiscales. Por otra parte, las autoridades, por el contrario, buscan la recaudación para que el Estado pueda sufragar sus gastos públicos, cuando demuestran que los contribuyentes no cumplan con susobligaciones fiscales. Así que el propósito de este artículo es proporcionar al lector herramientas que le permitan plasmar razonamientos lógicos1 en sus medios de defensa, valiéndose para ello de la argumentación jurídica.