La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente (LFDDC) es un ordenamiento que entró en vigor a partir del 1º de enero de 2006, y tiene como propósito el brindar a los contribuyentes diversos derechos y garantías que pueden hacer valer respecto de las actuaciones de las autoridades fiscales.

Ahora bien, desde el momento en que entró en vigor el referido ordenamiento, se han suscitado diversas controversias, en cuanto a su aplicabilidad y sus diferencias con otros ordenamientos, específicamente en lo que se refiere a las diferencias existentes entre las disposiciones del Código Fiscal de la Federación (CFF) y la propia LFDDC.

En los últimos años la inercia legislativa ha manifestado una política recaudatoria que desdeña el valor de los derechos patrimoniales frente al gasto público. Bajo el discurso de que la falta de dinero es culpa siempre de los particulares y no de la mala administración que de éste se hace, año con año se realizan cambios a las leyes en donde se crean nuevas obligaciones pero no nuevos derechos, se fortalece el poder del Estado pero no el poder de los contribuyentes, y así con cada reforma, el individuo queda más desprotegido y las autoridades aumentan sus facultades so pretexto de que al cumplir el Estado con éstas, se beneficia a la sociedad (aunque en realidad no siempre sea así).

Actualmente muchas empresas a través de sus Consejos de Administración delegan en otros la facultad para administrar y dirigir las organizaciones, en este artículo analizaremos este tema, respecto de la responsabilidad fiscal y penal que pueden llegar a adquirir en el desempeño de sus funciones los administradores o apoderados.

Las personas morales, al igual que las personas físicas, son sujetos con derechos y obligaciones.

La persona moral es una creación del derecho, por lo cual, actúa por conducto de sus representantes legales.

En la práctica cotidiana es común que las autoridades fiscales y los contribuyentes caigan en desacuerdo sobre la interpretación y aplicación de las leyes fiscales, pues mientras uno dice que una partida es deducible el otro afirma que no; mientras uno dice que una cantidad no es acumulable el otro dice que sí; y así sucesivamente, lo que en primer lugar genera la liquidación de créditos fiscales y con posterioridad la contienda ante los Tribunales (tanto el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa –TFJF– para el juicio de nulidad como los Tribunales Colegiados de Circuito –TCC– para el juicio de amparo directo).

Con las reformas para 2010 se modificó –como cada año– el Código Fiscal de la Federación (CFF). En esta ocasión la reforma no se hizo con la finalidad de robustecer las facultades de comprobación del fisco a través de visitas domiciliarias o revisiones de gabinete, sino en forma más directa para robustecer sus facultades de cobro coactivo; sin embargo, la reforma está viciada de inconstitucionalidad tal y como lo es en específico el artículo 41, motivo por el cual, en el presente trabajo se realiza un breve estudio de la reforma a este artículo para brindar un panorama general de las contingencias que se crean con este cambio.

Ante un tema tan fuerte y de alta importancia para nuestro país como lo fue desde enero 2008 –y sigue siendo hasta la fecha– la inconstitucionalidad del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el Acuerdo General número 1/2010 mediante el cual se citó a las partes interesadas en los juicios de amparo en revisión para una audiencia pública el viernes 22 de enero a fin de escuchar a quejosos, colegios de profesionistas y autoridades responsables para resolver el estatus jurídico-final que llevará el IETU.
En tal virtud, la presente colaboración tiene como finalidad realizar un estudio de este suceso y brindar las expectativas cognitivas y las expectativas deónticas que de él se esperan, haciendo notar que este trabajo se escribe con anterioridad a dicha audiencia, no obstante, por motivos de edición será publicado una vez que ya haya sido celebrada. Empero, y dado que el desarrollo de esa audiencia no dará en forma inmediata una respuesta de la Corte, los comentarios que aquí se manifiestan –aunque se redactan a futuro– son válidos para el momento de su publicación.

Uno de los ejes de las nuevas políticas recaudatorias del Gobierno Federal, implementadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), consiste en eliminar lo que ellos han denominado como “tácticas de evasión y elusión” por parte de los empresarios y contribuyentes en general.

El pasado 7 de diciembre de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a la par de la reforma fiscal para 2010, el Decreto por el que se expide el Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF), con lo cual queda derogado el Reglamento de 1984. Esta medida resulta acertada en virtud del desajuste que ya presentaba éste; sin embargo, también es oportuna su publicación ya que se refiere, entre otros puntos más, a los comprobantes fiscales que es uno de los temas más importantes en la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) así como también, se toca ampliamente el tema de los dictámenes fiscales.
Así, el presente trabajo tiene como finalidad realizar un breve análisis de este nuevo Reglamento en donde se abordarán sólo los puntos más notables, pues es muy ambicioso abarcar todo su contenido en pocas páginas; no obstante, los puntos que se comentarán son los más recurrentes en la práctica diaria.

El pasado 31 de octubre ambas Cámaras dictaminaron el proyecto de reforma fiscal para 2010, quedando pendiente sólo el plazo de diez días que los incisos A y B del artículo 72 Constitucionales confieren al Poder Ejecutivo para realizar observaciones.

En el presente trabajo se sostiene que el artículo 153 de la Ley Aduanera es inconstitucional, al estar redactado en contra del principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no establecer un plazo legal para la integración del expediente dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera.

En las entregas anteriores (primera y segunda parte, publicadas en el número 480 de Consultorio Fiscal), comentamos que la notificación en materia fiscal tiene como función básica y fundamental hacer del conocimiento del contribuyente (o responsable solidario o tercero con él relacionado) una situación o circunstancia de carácter fiscal que deberá afrontar con la autoridad.

Se dice que México es un Estado de Derecho porque tanto las autoridades como los ciudadanos deben obedecer y responder igualmente ante la Ley, y en virtud de ello, ésta es el único estandarte legítimo a seguir en la dinámica y convivencia social cotidiana. Sin embargo, esto es una afirmación laxa y carente de eficacia pues el mero hecho de que existan leyes no garantiza que su contenido sea acorde a los principios constitucionales como, por ejemplo, el debido respeto de las autoridades a los derechos fundamentales de las personas e individuos, entre otros. Por eso, es muy distinto un Estado legislativo de Derecho que un Estado constitucional de Derecho.

En nuestro número anterior de Consultorio Fiscal se publicó la primera parte del presente estudio, conteniendo los tres primeros puntos analizados (antecedentes, elementos del impuesto y potestad tributaria), mismos a los que damos ahora continuidad para presentar a usted, estimado lector, los últimos tres puntos que completan el artículo en su totalidad.

En el año 1948 entró en vigor la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la cual regula la autorización, operación, vigilancia y control de los juegos en los que medien apuestas de cualquier clase, así como de los sorteos; y, con fecha 17 de septiembre de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento de dicha Ley, en donde se regulan diversos juegos, tales como los que se llevan a cabo en centros de apuestas remotas y los sorteos de números. Estas modalidades de juegos y sorteos son el resultado de los adelantos tecnológicos en materia electrónica y de telecomunicaciones, lo cual ha generado un gran impulso a esta industria.

El juicio de amparo es el único medio por el cual se puede solicitar la declaración de inconstitucionalidad de una ley, reglamento, tratado internacional, y conocen del mismo los Tribunales de la Federación, de acuerdo a lo que disponen los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y el artículo 114, fracción I, de la conocida como Ley de Amparo, tribunales que en forma directa protegen la integridad de la Carta Magna.